Construcción de hospital en La Ceja queda en pausa tras decisión judicial por posible daño ambiental
La construcción proyectada de un hospital de segundo nivel en el municipio de La Ceja quedó suspendida de manera inmediata luego de que el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín emitiera una medida cautelar que ordena detener cualquier intervención en los terrenos de la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño, escenario donde se adelanta el debate ambiental y social alrededor del proyecto.
La decisión judicial responde a una Acción Popular impulsada por un ciudadano y busca evitar posibles afectaciones derivadas de la Resolución No. 118 del 4 de marzo de 2026, mediante la cual la Administración Municipal había autorizado la subdivisión del predio de aproximadamente 32.000 metros cuadrados donde ha funcionado el colegio durante más de seis décadas.
Dentro de esa división, un lote de 9.497 metros cuadrados había sido destinado para la construcción del nuevo centro hospitalario. Sin embargo, el terreno es utilizado actualmente por estudiantes de la media técnica como aula ambiental y, según conceptos técnicos allegados al proceso, allí existiría un humedal o ecosistema de transición con presencia de suelos inundados o saturados de agua.
Aunque el despacho reconoció la importancia y necesidad de un hospital de segundo nivel para el municipio, la decisión se fundamentó en la aplicación del Principio de Precaución Ambiental, mecanismo que establece que, ante el riesgo de un posible daño irreversible al medio ambiente, la ausencia de certeza científica no puede impedir acciones de protección.
Las medidas ordenadas por el juzgado
Entre las disposiciones emitidas por el Juzgado Administrativo se destacan tres acciones principales:
Suspensión total de intervenciones: el Municipio de La Ceja deberá detener cualquier obra o actividad en el lote objeto de controversia hasta que existan estudios que determinen que no se afectará un posible ecosistema protegido.
Estudio técnico por parte de CORNARE: CORNARE tendrá un plazo de un mes para desarrollar un estudio hidrogeológico que permita establecer las condiciones reales del terreno utilizado como aula ambiental.
Participación ciudadana: el despacho ordenó publicar un extracto de la demanda en la Personería Municipal durante cinco días, permitiendo que ciudadanos, organizaciones y líderes sociales puedan adherirse formalmente a la acción popular antes de que se emita una sentencia definitiva.
Ahora, tras la notificación oficial, la Administración Municipal contará con diez días hábiles para responder la demanda, presentar pruebas y entregar sus respectivos descargos.
Mientras avanza el proceso, el aula ambiental de la IE Bernardo Uribe Londoño permanecerá protegida por orden judicial, dejando en pausa el proyecto hospitalario y abriendo un nuevo capítulo en el debate entre desarrollo, educación y conservación ambiental en el Oriente antioqueño.
