Hurto y vandalismo contra redes eléctricas generan millonarias pérdidas y afectan el servicio de energía en Antioquia
El aumento del hurto de cables y los actos de vandalismo contra la infraestructura eléctrica mantienen en alerta a EPM, que advirtió sobre el impacto que estos delitos están teniendo en la prestación del servicio de energía para miles de usuarios en Antioquia y el Valle de Aburrá.
De acuerdo con la empresa, los ataques se concentran principalmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, así como en Medellín y los municipios de Bello, Caldas, La Estrella y Envigado. En la mayoría de los casos, los responsables buscan extraer cobre para comercializarlo de manera ilegal.
Las cifras evidencian la magnitud del problema. Entre 2024 y 2025, EPM destinó más de 7.200 millones de pesos para reparar y reponer la infraestructura afectada por estos hechos. Sin embargo, solo en lo corrido de 2026, los daños ocasionados a la red subterránea ya alcanzan un valor cercano a los 25.000 millones de pesos.
Como consecuencia de estos ataques, más de 763.000 usuarios han sufrido interrupciones en el servicio de energía, con una duración promedio de 24,6 horas por evento. Además del robo de cableado, los daños incluyen afectaciones a transformadores, luminarias, medidores, acometidas, elementos de protección y otros equipos esenciales para el funcionamiento del sistema eléctrico.
A esta situación se suma el vandalismo mediante el vertimiento de aceites, pinturas, solventes y otros residuos en cámaras subterráneas, una práctica que deteriora los equipos y reduce la vida útil de la infraestructura.
EPM advirtió que el hurto de cables de media tensión y los daños a las redes que alimentan las subestaciones representan una amenaza para la estabilidad del sistema eléctrico. Según la empresa, si se presentan afectaciones simultáneas en varias de estas instalaciones, podrían registrarse interrupciones masivas y prolongadas del servicio, afectando hogares, comercios e industrias.
La compañía también señaló que las inversiones destinadas a reparar la infraestructura vandalizada terminan impactando los costos reconocidos por la regulación del sector, lo que puede reflejarse en las tarifas del servicio. Además, recordó que la manipulación ilegal de redes energizadas representa un alto riesgo para la vida de quienes participan en estas acciones.
Frente a este panorama, EPM informó que reforzó las medidas de seguridad mediante monitoreo permanente, instalación de barreras físicas, rediseño de tapas de seguridad, sistemas de alarma y controles de acceso en instalaciones estratégicas. Asimismo, trabaja de manera coordinada con las autoridades para identificar y judicializar a los responsables.
De acuerdo con el Código Penal colombiano, las personas involucradas en delitos relacionados con hurto calificado y agravado, así como daño en bien ajeno, podrían enfrentar penas de hasta 21 años de prisión.
Finalmente, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intervención sospechosa o no autorizada en la infraestructura eléctrica. Los reportes pueden realizarse a través de la línea de WhatsApp 301 516 11 81, habilitada exclusivamente para este tipo de denuncias.
